El pasado viernes celebrábamos en la Universidad Francisco de Vitoria el día del beato Ramón Llull, patrón de nuestra Escuela de Informática. Y durante una de las actividades programadas surgió la problemática actual del control de nuestra identidad digital en la Red. Nuestros alumnos, como todos los jóvenes de hoy en día, son grandes usuarios de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram y algunos se extrañaron al oírme decir que tuvieran cuidado con lo que subían a Internet. Son nativos digitales y han vivido por tanto siempre rodeados de Internet. Sin embargo por ello mismo no son conscientes de lo que puede significar para ellos perder el control de su imagen, en particular si suben a las redes fotos comprometidas (borracheras, haciendo cosas peligrosas o simplemente cuando nos pillan con cara rara, léase con los ojos medio cerrados y la boca torcida). Las palabras se las lleva el viento, pero lo que se publica en Internet permanece para siempre.
Pero entonces me diréis, bueno yo tengo mi red social protegida a mis amigos y nadie fuera de mi entorno puede ver mis fotos o mis tuits. Eso es cierto. Pero también es verdad que las redes sociales, en particular Facebook, cambia sus políticas de privacidad de vez en cuando, muchas veces sin avisarnos, y en ocasiones quedamos al descubierto después de uno de estos cambios. Y como en casa del herrero se usa cuchillo de palo, a mí mismo me ha ocurrido esto: de repente encontrar que todo mi perfil en Facebook es público, a pesar de haberme preocupado de marcarlo como privado. Por suerte me di cuenta a tiempo…
El problema de la identidad digital va más allá de las redes sociales. Recordemos lo que son las fuentes abiertas: todas aquellas fuentes de información a las que podemos acceder libremente, ya sea de manera gratuita o no. Incluimos desde prensa escrita, informes publicados por empresas, boletines oficiales, estadísticas oficiales, tesis doctorales, programas de televisión, mapas, etc.
El problema está cuando se publica algo sobre nosotros en algún documento que se cuelga en Internet, mismamente el Boletín Oficial del Estado (BOE) o el de la Propiedad Industrial (BOPI). Mira a ver si respondes afirmativamente a alguna de las siguientes preguntas:
- ¿Has recibido alguna beca de estudios?
- ¿Te has presentado a alguna oposición?
- ¿Eres extranjero y te han concedido la nacionalidad española?
- ¿Tienes multas de tráfico impagadas?
- ¿Te han embargado la casa?
- ¿Has registrado una marca comercial?
- ¿Tienes alguna patente?
Si has respondido que sí a alguna de ellas, seguramente aparezcas en el BOE o en el BOPI. Aquí la cosa se pone seria. Quizá no te importe que salga si te han concedido una beca, pero quizá no te resulte tan agradable que sepan en tu empresa privada que, mientras estabas trabajando con ellos, te has presentado a una oposición para ser funcionario. ¿Y qué me dices de lo de las multas de tráfico? ¿Recuerdas cuando Castilla-La Mancha publicaba la lista oficial de maltratadores de mujeres en su comunidad?
Si a los boletines oficiales les añadimos la prensa, la cosa se pone peor. Es conocido los numerosos casos en los que una noticia publicada en prensa escrita permanece eones en Internet. Por ejemplo, M.C.G. demandó a Google por escanear una noticia de La Vanguardia en la que se decía que el Ministerio de Trabajo le iban a embargar la casa a él y a su esposa por impago (pongo las iniciales, porque no quiero contribuir a que su nombre siga asociado a tan desagradable suceso). Hoy en día no tiene problemas económicos ni siquiera sigue casado con aquella mujer. Sin embargo su nombre sigue asociado en Google a ese embargo. ¿De quién es la culpa? ¿Del periódico? ¿Del Ministerio por poner dicho anuncio? ¿De Google por indexar la noticia? ¿Tiene derecho este señor a que se borre de la Red esa información? Según los tribunales, parece que no. En cualquier caso, Google es solo el mensajero y se dedica a repetir lo que otros han dicho previamente.
A raíz de todo este problema, y ante los tímidos esfuerzos de la Eurocámara para regular la situación, han surgido empresas especializadas en borrar todo nuestro rastro en Internet, lo que se conoce como derecho al olvido, y así mejorar nuestra reputación online. No solo las personas deben interesarse sobre este tema, también las empresas desean conocer qué se dice sobre ellas en las redes sociales. Un simple comentario negativo en una página de viajes puede chafar todo el esfuerzo de publicidad realizado en un hotel, por ejemplo. La imagen corporativa de nuestra empresa puede hacerse añicos si no controlamos nuestra presencia en Internet.
Es por ello que es necesario formar a profesionales especializados en el manejo de fuentes abiertas y en particular de las implicaciones legales y jurídicas que surgen en confrontación con los derechos de protección de datos de carácter personal y el derecho del honor. Pero de esto, seguiremos hablando otro día.